| Texto | De manera constante esta Corte ha sostenido que aquellos casos en los que se denuncian violencia contra menores exigen una reacción punitiva especial y multidisciplinaria por parte del Estado. En función de tal premisa, analizada la resolución dictada por el tribunal que deniega el pedido de “probation” solicitado por la defensa del imputado, en ella no se observan, errores o defectos de fundamentación en la resolución recurrida pues la negativa obedece a motivos jurídicamente atendibles ya que se trata de un supuesto que involucra a un menor de 16 años que fue agredido por dos sujetos que lo duplican o triplican en edad, circunstancia que amerita la realización del debate. Cabe destacar que la sentencia puesta en crisis está basada en la oposición fiscal a conceder el beneficio, dado que en el caso hubo violencia contra un menor y por ello debe aplicarse la normativa contenida en la Convención de los Derechos de NNA, razón por la cual el planteo de la defensa del imputado no resulta viable ya que si se prescindiera de la sustanciación del debate se estarían vulnerando los compromisos asumidos por el Estado Nacional de dar protección a los derechos de las víctimas en general y, en particular, de los niños (Convención sobre los Derechos del Niño; art. 2 de la ley 26.061 -Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- y art.1 de la ley 5357 de la Provincia de Catamarca). Vale decir que la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba permite la efectiva dilucidación y persecución de los hechos de la causa presuntamente perpetrados en contra de un menor y asegura que al supuesto perjuicio padecido como consecuencia del delito no se sume otro derivado de la tramitación del proceso o del sistema procesal.(Del voto del Dr. Cáceres). |
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