| Texto | Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada que rechaza el recurso de apelación articulado por la parte demandada y, en consecuencia, confirma el fallo del juez de grado que desestima el planteo de inconstitucionalidad de la ley 1313 y la demanda promovida en todas sus partes.
En el examen del memorial de agravios se advierte que el recurrente no dio cumplimiento a lo dispuesto por la Acordada 4070/08 dictada por este Tribunal en el Art. 3) inc. c), por cuanto el capítulo pertinente al relato de los antecedentes de la causa excede el límite establecido de cinco páginas, y ha incurrido en la copia textual de la sentencia impugnada, lo cual está expresamente desestimado; y tampoco al inc. e), puesto que no refuta cada uno de los fundamentos del fallo, relacionado con el motivo invocado en el recurso.
El Art. 3 inc. g) de dicha acordada claramente establece que en caso de incumplimiento de los presupuestos formales que debe contener el recurso, se tendrá por inoficiosa la presentación del recurrente.
No obstante que lo expresado resulta suficiente para su rechazo, cabe poner de relieve que el incumplimiento del inc. e), relativo al requisito de fundamentación autónoma, consiste en la ausencia de embate frontal a los fundamentos de la sentencia que pretende impugnar.
En efecto, la sentencia del tribunal de alzada, que confirma la sentencia del juez de grado y que coincide en general con la apreciación de los hechos y el derecho, ha examinado y resuelto todas las cuestiones planteadas, sin que el recurrente se haga cargo de tales fundamentos, es así que en lo referente al primer agravio- que el instructor y el secretario no eran empleados del banco sino jubilados- la sentencia da razones suficientes por las que considera válido el sumario, sin que el recurrente se haya hecho cargo de las mismas a través de una crítica frontal, habiéndose limitado a efectuar un desarrollo argumental sosteniendo que son de aplicación las normas constitucionales provinciales que establecen la incompatibilidad para el desempeño de jubilados y que en ello radica la arbitrariedad, lo que resulta claramente insuficiente.
Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso deducido.
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