| Texto | Los actores en autos interponen recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva, procedente de la Cámara de Apelación de 3ra. Nominación, con competencia en la materia y en la que se resuelve por unanimidad, confirmar el pronunciamiento de Primera Instancia que rechaza la demanda.
Previo a abordar el tratamiento de los reproches enrostrados a la sentencia impugnada, me parece apropiado realizar una síntesis de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal. Los actores reclaman al Estado Provincial el pago de los daños materiales, morales y psicológicos generados por la información publicada en los medios de comunicación, en circunstancias en que ellos revestían el cargo de Tesorero y Subtesorero de la Provincia, y se detecta e investiga un mega fraude en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo. El Gobernador de la Provincia resuelve separarlos preventivamente de sus respectivos cargos a fin de no entorpecer la investigación, finalmente ambos renuncian y sus dimisiones son aceptadas. La medida de separación preventiva es comunicada oficialmente a los medios de prensa por el Ejecutivo a través de un comunicado de la Subsecretaría de Información. A este comunicado oficial y otras publicaciones periodísticas es al que se les atribuye la provocación de los daños.
El pronunciamiento que confirma lo resuelto por el A quo, lo cual implica el rechazo de la demanda, su principal y predominante fundamento es la ausencia de la relación causal entre la conducta del Estado y los daños invocados por los actores.
El recurso se abre por invocación de la causal de arbitrariedad, la cual como es sabido se configura ante un razonamiento viciado cuyo yerro resulta intolerable e inaceptable o bien la omisión o errada valoración de prueba de sumo grado de importancia e influencia en el resultado del litigio y queda a absoluto cargo del recurrente su demostración para que el objetivo funcione.
El planteo recursivo recae en zonas en donde los Jueces de las Instancias anteriores poseen atribuciones propias y circunstancialmente extrañas a la casación, como es dilucidar el sentido de las expresiones vertidas en la demanda y la determinación de la existencia de daño resarcible.
En efecto, “La interpretación del escrito de interposición de la demanda es una cuestión de hecho privativa de los jueces de grado” (SCBsAs., 15/12/83, LL, t. 1984-A, p.259). A su vez también es una pura cuestión de hecho y prueba, la determinación de la existencia o no del nexo causal y, en la especie todos los magistrados de las instancias respectivas por casi similares motivos coinciden en la falta de este requisito primordial para que la acción ejercida proceda.
Con muy parecidos fundamentos esgrimidos al apelar el recurrente afirma, que el fallo se desentiende de lo que realmente se ha demandado y de las pruebas presentadas, concretamente refiere a que su pretensión no solo se basó en el comunicado de prensa sino también, en las versiones de varios funcionarios que endilgaban la comisión de ilícitos a los actores.
Lo cierto es que no se advierte que el fallo se aparte de lo demandado y que omita la valoración de pruebas sino que, resuelve en sentido contrario a las pretensiones del recurrente que no es lo mismo y, entonces así, los reproches se traducen en meras discrepancias subjetivas que resultan ineficaces para destruir los fundamentos que sostiene el pronunciamiento, empeorada la situación ante la falta de ataque a otros argumentos que también sirven de sustento y permanecen incólume al ser ignorados en la queja.
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