| Texto | Se interpone demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad en contra de la Resolución del Ministerio de Educación Nº 94/04 mediante la cual se suspende la ejecución de la Resolución Nº 2720/03, que autorizaba a la recurrente a tomar posesión del cargo de supervisora docente interina y hasta la cobertura definitiva de aquél por su titular.
Adhiero a la relación de causa y a la conclusión arribada por los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo, en tanto advierten que la situación de la actora no puede encontrar sustento en el plexo normativo que rige la cuestión.
Ello surge claramente del análisis integral del Estatuto del Docente Provincial, y de la situación de autos traída a resolver donde la recurrente reclama como fundamento de su pretensión el derecho a la estabilidad en el cargo de Supervisora Pedagógica -acordado en carácter de interina- por Resolución E Nº 2720/03.
Importa recordar que por la mencionada Resolución se la designó en el cargo referido como interina nivel inicial, debido a que el concurso llevado a cabo para cubrir tal cargo resultó desierto. Dos meses después la Administración dicta la Resolución ECCYT Nº 94/04 mediante la cual suspende la eficacia de la Resolución Nº 2720/03, al advertir que esta última suponía dar de baja a los supervisores interinos que a esa fecha estaban ocupando dichos cargos, situación vedada por la legislación vigente que prohíbe el desplazo de un interino por otro interino.
Planteada así la situación que genera controversia y que nos convoca al análisis de las normas que rigen la materia, es del caso advertir como primera cuestión, el tratamiento diferenciado que el legislador supo dar al personal docente ya que de modo expreso lo clasificó en docentes titulares, interinos y suplentes; estableciendo que es titular quien ha obtenido el cargo por concurso conforme las disposiciones contenidas en el presente Estatuto. A su vez y con relación al derecho a la estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación, se establece que solo el personal titular tendrá derecho a la estabilidad en el mismo, mientras dure su buena conducta…, Art. 21 del Estatuto.
Como se ve, el derecho a la estabilidad no es un derecho que pueda ser reclamado por la recurrente, dado que su designación en el cargo de Supervisora ha sido, en carácter de “interina”; vocablo que hace referencia al docente que se desempeña transitoriamente en un cargo vacante, que sirve por algún tiempo, supliendo la falta de otra persona o cosa; aplicándose más comúnmente al que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro de manera que el interinato contiene la suplencia (que significa suplantar, sustituir, reemplazar o subrogar).
En ese entendimiento, es dable colegir que su designación supone la existencia de un cargo vacante, pues cabe recordar que los cargos son creados y se cubren en función del servicio educativo y no en función de un derecho personal del docente.
De allí entonces que si no existe o desaparece la vacante, deja de existir el sustento de la designación, y ninguna legitimación poseerá el interino para reclamar la extensión de su designación que como se sabe es de naturaleza precaria, transitoria, pues se mantendrá hasta tanto se designe al titular en caso de interinos y hasta que dure la licencia del remplazado en los casos de suplencias.
Aceptar sin más la interpretación que formula la actora para sostener la validez del acto que la designa en carácter de interina, importaría equiparar el derecho de los titulares que rindieron concurso y se sometieron a las disposiciones contenidas en el Estatuto Docente, a los interinos con designaciones absolutamente transitorias. La naturaleza y la transitoriedad del cargo interino, y la forma, condiciones y requisitos que deben cumplir quienes aspiran a ser titulares de un cargo, me lleva a pensar que la protección no puede ser la misma, por lo tanto si partimos de la ausencia del derecho a la estabilidad en los interinatos pues su designación responde a una necesidad temporaria a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, la consecuencia no puede ser otra, que la inexistencia del derecho a mantenerse en esa situación. En conclusión, la Resolución Ministerial Nº 2720/03 en cuanto involucró un cargo que no estaba vacante porque en realidad era ejercido por otro docente en calidad de interino, resultó violatorio del sistema normativo y por tal motivo devino oportuna su revocación en sede administrativa.
Por todo lo expuesto, la acción intentada debe rechazarse.
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