| Texto | La actora, empleada de la Municipalidad de Capayán, interpone Acción de Amparo a fin de que se ordene el cese de la omisión de pago de haberes y la consecuente restitución de los haberes devengados en su favor y no hechos efectivos.
La actora relata que desde 1987 comenzó a prestar servicios y que mediante Decreto Nº011/89 del 01/06/89 es nuevamente ascendida a Categoría 22, planta permanente.
El Presidente del H.C.D. A/C del Ejecutivo, en acuerdo de Secretarios, mediante Resolución le concede a la actora licencia sin goce de haberes por cargo de mayor remuneración desde el día 24/08/92. En febrero de 2005 se reincorpora a prestar servicios cumpliendo normalmente con sus obligaciones laborales. En ese estado, se le adeudan los haberes de noviembre 2008, y desde marzo a octubre de 2009. Por esta situación reclama de manera verbal ante el Intendente, quien- según relata la actora- le informa que no cobraba porque era contratada y había falta de recursos.
En un análisis prima facie se evidencia configurado el supuesto previsto en el Art.1 de la Ley Nº4642: existe acto de autoridad pública que en forma actual e inminente lesiona derechos constitucionales. Surge de autos la palmaria arbitrariedad e ilegalidad que comete la Municipalidad de Capayán al dejar de abonar los salarios a la actora, sin probar la existencia de sumario alguno que justifique el cese de pago de sus haberes. Este Alto Tribunal tiene dicho: “…al disponer la propia administración “per se” la eliminación…de actos que han generado derechos subjetivos…sin observancia de los procedimientos preestablecidos legalmente para hacer cesar la relación de empleo público, sin permitir la debida…defensa de los interesados mediante el debido proceso que les asiste por imperio de normas constitucionales, ha lesionado con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta derechos fundamentales de los actores, oportunamente incorporados a su patrimonio, derecho de propiedad en sentido lato.” (Autos Corte Nº44/04 Digionantonio, María Emilia y Reinoso, Gustavo Severino c/ Municipalidad de Saujil s/ Acción de Amparo 11/06/2004).
Conforme al Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública, el inicio de sumario es acto imprescindible para decidir sobre los derechos subjetivos ya adquiridos por la administrada.
En efecto, la actora retorna a trabajar en la Municipalidad en febrero de 2005, adjuntando, entre otros, recibos de julio, agosto, septiembre y octubre de 2008,de lo que se deduce una aceptación tácita de dicho Organismo de la continuación de la relación laboral. Además, la Municipalidad deja firme el llamado de autos sin haber instado la producción de prueba ofrecida “…al Estado le cabe la carga de probar el conocimiento previo del administrado sobre el vicio que la administración alega como invalidante del acto que pretende revocar, y todo ello con anterioridad a la expresión concreta de la voluntad revocatoria.” (Autos Corte Nº57/04 Scidá, Manuel Alejandro c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo 23/06/2004).
Por los fundamentos expuestos supra, consideramos que corresponde hacer lugar a la acción intentada, ordenando a la Municipalidad de Capayán el cese en la omisión del pago de haberes y la restitución de los haberes devengados en su favor y no cobrados, en el término de 10 días de notificada la presente. (Del voto de la Dres. Sesto de Leiva y Cippitelli).
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