| Texto | Entiendo al igual que mi colega, el derecho a la salud por cuya tutela se acciona, se vería gravemente afectado si hiciéramos caso omiso a semejante incumplimiento.
A esta conclusión arribo, luego de observar que tanto el médico tratante como la auditora de la Institución dan cuenta de la existencia de frecuentes cuadros de hipoglucemias asintomáticas sufridas por el paciente, por lo que resulta conveniente el uso de la bomba de infusión requerida.
Deben analizarse los términos en los que está redactada la Resolución O.S.E.P Nº 2960/06 de cuyos considerandos extraigo preliminarmente, el sincero reconocimiento que se efectúa acerca del adecuado control y efectivo tratamiento que requiere esta enfermedad, que se sabe afecta a todo el organismo.
De ese modo y con la finalidad de prevenir las complicaciones crónicas, disminuir la morbi-mortalidad y los costos de esta afección, es que se dispuso en el año 2006, mediante la implementación de un nuevo programa integral del diabético, ampliar la cobertura en prácticas médicas, bioquímicas, nutricionales, y farmacológicas, ya que el plan que regía en aquel momento adolecía de requerimientos básicos necesarios, ello ante los continuos avances que se registran permanentemente en la medicina y en la farmacología.
Ante este marco normativo de claros y loables objetivos, de metas, estrategias y de acciones a implantar es lógico que nos preguntemos si aquéllo que se afirma con tanto énfasis se corresponde con la realidad o más concretamente si la Obra Social cumple como señala, con la “legislación general y especifica que la obliga a otorgar cobertura integral a las personas que padecen diabetes”.
La respuesta como se advertirá se infiere sin mayor esfuerzo y la verdad surge finalmente cuando compruebo que del Programa de Atención que acompaña la demandada se extrae la referencia concreta a la provisión de medicamentos e insumos de acuerdo a la Ley Nacional Nº 23.753.
De allí entonces que el sistema diseñado por el legislador nacional importe la implementación de distintas medidas que tienen que ver con la problemática derivada de la enfermedad y de sus complicaciones y que en su ejecución se disponga que el Ministerio de Salud y Acción Social brinde colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país. Ello sin duda a fin de asegurar a todos los pacientes los medios terapéuticos y de control evolutivo, pues he de recordar que se debe procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.
Entonces si como dice nuestro máximo Tribunal “El Estado Nacional asumió compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario” es dable afirmar que el derecho a la salud no es un derecho teórico, sino antes bien es un derecho fundamental, y como tal no puede formar parte de una declaración de derechos como principios de mera voluntad, sino que impone compromisos concretos al Estado, quien debe velar por su tutela dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento.
Del voto del Dr. Cáceres
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