| Texto | La parte actora promueve recurso de casación en contra de la sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones.
Cabe señalar que a través del presente recurso de casación, el actor pretende la revisión de la sentencia de Cámara que al confirmar la sentencia de primera instancia, hace lugar a la cuestión de la prejudicialidad penal planteada por los co-demandados –Estado Provincial y el oficial de policía R.- y de esa manera desestima la demanda de daños y perjuicios interpuesta.
Si bien, ello es una cuestión de derecho que genera debate en la doctrina, entiendo que el correcto encuadre de la cuestión traída a resolver finca en determinar si en sede penal se ha tratado la producción del hecho con la amplitud suficiente, que haya permitido valorar y agotar todo lo que hace a la determinación del hecho principal y sus circunstancias.
Precisamente esa es la situación que da en el caso sub examine, conclusión a la que arribo luego de analizar el pronunciamiento penal por el que se absuelve a R. del delito de lesiones graves, en razones de configurarse los presupuestos de la legitima defensa. Vale aclarar que para el Tribunal Penal existe absoluta certeza acerca de que los agresores, entre los que se encontraba el actor, en forma sorprendente y violenta aparecieron en el lugar –local comercial- profiriendo insultos y arrojando piedras contra quienes se encontraban allí, como asimismo hacia un tinglado y al inmueble donde se encontraba el dueño y hermano, poniendo en riesgo la integridad física del propio imputado y de todos los presentes. la propia víctima reconoció que al ingresar al predio, su compañero B. arrojó una piedra contra R. –codemandado en estos autos- y fue entonces cuando éste saco el arma, que los agresores acorralaron a los policías, que se produjeron daños materiales en el inmueble; que los disparos realizados tuvieron un propósito preventivo y tendiente a persuadir a los agresores para que cesaran en su accionar; y que, en conclusión R. esgrimió el arma para defenderse contra vías de hecho a su propia persona y derecho, como la de terceros.
Reconstruido entonces, de esta manera los hechos, el juez penal da por sentando que en la especie existió la situación de legitima defensa.
Y en este contexto, resulta imposible que la justicia civil se pronuncie sobre las circunstancias que rodearon al hecho principal, máxime cuando no se estableció en la sentencia penal que hubiera mediado exceso o la existencia de una conducta en alguna medida reprochable por parte de R.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
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