| Texto | Se interpone demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad en contra de la Resolución del Ministerio de Educación Nº 94/04 mediante la cual se suspende la ejecución de la Resolución Nº 2720/03, que autorizaba a la recurrente a tomar posesión del cargo de supervisora docente interina y hasta la cobertura definitiva de aquél por su titular.
La actora expone que, aunque si bien es cierto ella participó en concurso docente previsto para la cobertura de diversas vacantes en el cargo de supervisor, y dicho concurso fue declarado desierto porque ninguno de los postulantes había logrado la calificación requerida por la convocatoria para adjudicárselo y convertirse en titular, aun así el Ministerio de Educación para resolver la cobertura de vacantes, emitió la Resolución Nº 2720/03 por la que se admitía que los postulantes perdidosos asumieran los cargos interinamente hasta su definitiva asignación por concurso a un docente titular. Notificada la Resolución de mención, a criterio de la ocurrente, nacieron para ella derechos adquiridos que la Administración desconoce al dictar pocos meses después la Resolución Ministerial Nº 94/04, que suspende la aplicación de la anterior, obviando al mismo tiempo ejercitar la pertinente acción de lesividad para obtener la nulidad del acto administrativo presuntamente viciado en sede judicial, de acuerdo a lo contemplado por el Art. 33 del Código de Procedimientos Administrativos.
Ingresando a la cuestión debatida en autos, surge como primer tema la manifiesta ilegalidad de la Resolución Ministerial Nº 2720/03 de la que pretende valerse la actora para tomar posesión de un cargo del que no había obtenido la titularidad, porque el concurso destinado a proveer tal condición fue declarado desierto, pero que además no se encontraba vacante, porque en los hechos, era ejercido por otro docente interino que no podía ser desplazado por la ocurrente que ostentaba igual condición de revista, todo ello a tenor de lo dispuesto en el Art. 94 del Estatuto del Docente. Advertida la Administración entonces de la evidente contradicción que se hubo generado entre la Resolución Ministerial de cita y la voluntad expresa de la Ley en la materia, bien pudo decidir revocar ese primigenio acto administrativo en su propia sede a fin de enmendar el error y reencausar regularmente su propia actuación, pues la cuestión, por razones de interés público evidente, desbordaba claramente la potencial expectativa individual, comprometiendo, eso si, los métodos objetivos y generales previstos por el orden jurídico específico para la asignación de recursos humanos y funciones en el sistema educativo.
Por todo lo expuesto, la acción intentada debe rechazarse. |
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