Sumarios

La actora promueve Acción de Amparo en contra del Estado Provincial, a fin de que se declare la nulidad del Decreto Acuerdo N°216/12, mediante el cual se revoca su incorporación a la Planta de Personal Permanente de la Administración Pública Provincial, dispuesta por Decreto Acuerdo Nº2166 de fecha 1 de Diciembre de 2011 y se proceda a su reincorporación en el cargo que ostentaba en la forma . . .

Disiento con la solución dada por quienes me preceden en el acuerdo de considerar que en la causa no se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para que proceda la acción de amparo interpuesta. Al contrario entiendo, que del análisis del Decreto Nº216/2012 surge de modo manifiesto la violación de derechos de raigambre constitucional que se invocan en la demanda. La situación como ha . . .

- La pretensión de la concursada de que en el caso deban aplicarse las previsiones contenidas en los arts. 133 del C.P.C.C o el inc. 5° del art. 237 de la LCQ lo que supondría la ausencia de normas que prevean el caso, resulta inadmisible, pues la problemática de la presente causa se encuentra subsumida en forma clara, precisa e indubitada en el art. 37 de la LCQ, lo que significa que al juzgador . . .

Las consecuencias producidas consumadas, no se encuentran afectadas por las nuevas leyes, excepto retroactividad, pues respecto de ellas existe el llamado consumo jurídico (Art. 7 del Código Civil y Comercial). Consecuentemente, los presentes deberán ser analizados conforme las disposiciones del Código Civil sustituido y las leyes complementarias vigentes al momento de la producción del hecho . . .

1) En caso de no aplicar el régimen de la responsabilidad civil, estatuido por el derecho común, a los medios de comunicación, se estarían transgrediendo elementales garantías y derechos constitucionales como es la igualdad, consagrándose así una situación de privilegio a favor de los medios de prensa, aplicando doctrinas foráneas, que resultan ajenas a nuestro sistema. (CJ Catamarca, "Expte. . . .

1) La prensa no responde por las noticias falsas cuando la calidad de la fuente la exonera de indagar la veracidad de los hechos y la crónica se reduce a la simple reproducción de la noticia, proporcionada para su difusión por la autoridad pública competente. En el caso, la fuente se trataba de un subcomisario retirado, es decir que no era confiable ni provenía de autoridad oficial, por lo que . . .

1) Remisión a lo expresado por la Dra. Sesto de Leiva en autos Corte nº 172/02 “Romero de Rodríguez, Julia P. c/ Centro Médico Asistencial Sanatorio Pasteur S.A. s/ Indemnización Arts 245 L.C.T. y otros – Casación” en el sentido de que los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de las pruebas, quedando por regla excluidos del control casatorio, . . .

1) En autos no se han configurado ninguno de los dos supuestos previstos por el art. 20 de la ley nº 3956, por ende, el mismo resulta inaplicable a efectos de la regulación de honorarios. En el caso que nos ocupa, el pleito finalizó por caducidad de instancia, que es un modo anormal de terminación del proceso que tiene lugar cuando las partes no impulsan el proceso dentro de los plazos establecidos . . .

Corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso interpuesto, pues conforme la doctrina legal de éste Tribunal, la cuestión de intereses establecidos en las instancias ordinarias constituye, en principio, materia ajena a éste recurso extraordinario provincial, por cuanto su aplicación constituye una cuestión fáctica y procesal, reservada a los jueces de grado y, a más de ello, los vicios . . .

Debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto, pues no se configura el vicio de arbitrariedad aducido por el recurrente y sobre el que basa su crítica descalificante, ya que el recurso carece de cuestión federal, por lo que no es de recibo, como así también adolece de otros requisitos formales, como el de fundamentación autónoma, lo que conlleva a la inadmisibilidad formal manifiesta . . .