Sumarios

Las actoras promueven acción contencioso administrativa de ilegitimidad o anulación en contra de la Acordada del Tribunal de Cuentas Nº5994/06, de fecha 16/8/06, y la declaración de nulidad e ilegalidad manifiesta de la Ordenanza Municipal N°773/00, fundamento de la Acordada impugnada. El Tribunal de Cuentas, mediante la Acordada cuya nulidad se pretende, condena a las actoras en su carácter . . .

En el caso, el apoderado de D.SRL solicita habilitación de feria, persiguiendo el dictado de una Medida Cautelar Autónoma, a fin de que se suspenda, en el proceso de Licitación Pública Nº 02/10, el Acto de Apertura del sobre Nº2 para la evaluación de las propuestas económicas, dispuesto por Resolución SA y A 545/2010 para el día 4 de enero de 2011 a horas 10.30, en donde se resuelve rechazar . . .

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada que rechaza el recurso de apelación articulado por la parte demandada y, en consecuencia, confirma el fallo del juez de grado que desestima el planteo de inconstitucionalidad de la ley 1313 y la demanda promovida en todas sus partes. En el examen del memorial de agravios se advierte que el recurrente no . . .

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada que rechaza el recurso de apelación articulado por la parte demandada y, en consecuencia, confirma el fallo del juez de grado que desestima el planteo de inconstitucionalidad de la ley 1313 y la demanda promovida en todas sus partes. No obstante que el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 3 incisos . . .

En el caso, a la luz del discurso recursivo no se advierte en la sentencia de grado la existencia de arbitrariedad, pues el razonamiento del tribunal no es incoherente ni contiene premisas insostenible ni contradictorias entre sí, por lo que la operación intelectual cumplida por los magistrados lejos está de llegar al extremo de un intolerable desvío, capaz de habilitar la instancia revisora de . . .

“…El amparo solo procede cuando el acto impugnado adolece de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y en la medida en que se demuestre la existencia de un daño concreto y grave, que solo pueda ser reparado eventualmente acudiendo a esa acción” ( del voto del Dr. Bellucio, CSJN, 21/11-89, “Arena, María y Otro” LL 1990-C-15) cit. O. A. Gozaini “Derecho Procesal Constitucional Amparo” . . .

La presente acción de amparo es interpuesta por el actor en contra de la medida de fecha 7 de abril de 2010 emanada de la Dirección de la U.P.E. Centro de Control de Gastos en Personal, por la que se le notifica que deberá hacer opción y renunciar al cargo que exceda la máxima compatibilidad permitida. El Art.43 de la C.N., programa el amparo “contra todo acto u omisión de autoridad pública . . .

En la presente acción de amparo, la arbitrariedad o ilegalidad atribuida al acto atacado no luce en forma clara, patente o palmaria como el dispositivo legal exige, pues, agotado el procedimiento de amparo, al responder el informe la autoridad requerida, no revela con evidencia el vicio que se atribuye a la conducta de la autoridad administrativa. Por el contrario, del informe emerge que el acto . . .

Adhiero a la relación de causa y a la conclusión alcanzada por quien inaugura el Acuerdo, de que la vía elegida no es procedente ante circunstancias en las que no se vislumbra con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto cuestionado y ello porque dicho examen requiere a mi juicio un debate más profundo que el que puede brindar el amparo. En el caso, el actor cuestiona la medida . . .

Mantengo coherencia con lo expresado a fs.17, donde manifiesto idéntico criterio al ya adoptado en la Sentencia Interlocutoria Nº100, en la cual disiento con la opinión de los Señores Ministros respecto de la admisibilidad de este amparo. Reitero que la vía procesal elegida no es apta para resolver las controversias que aquí se plantean, pues hay un complejo conflicto de intereses que exceden . . .