Sumarios

La exención establecida en la Ley Nacional de Telecomunicaciones-Nº 19.798- art 39- encuentra sustento normativo en la denominada “cláusula de la prosperidad”, ínsita en el actual artículo 75 inciso 18 de nuestra Constitución Nacional (antes artículo 67), que otorga al Congreso Nacional la atribución de dictar leyes para favorecer y promocionar determinados logros y, para la consecución . . .

El actor interpone Acción de Amparo por Mora de la Administración en contra de la Secretaria del Agua y del Ambiente, Subsecretaria del Ambiente de Catamarca, ante la omisión de emitir dictamen sobre las reiteradas peticiones formuladas por su instituyente en la causa “Acta de Infracción Nº 0001-0000290 de fecha 29 de marzo de 2010”. Expresa que en la fecha que se labró el acta de infracción . . .

Este Tribunal no puede entrar a conocer en una contienda contenciosa administrativa si no está habilitada su jurisdicción para hacerlo, lo que supone que estén reunidos los presupuestos procesales de admisibilidad. La habilitación de la instancia, entonces, comporta la comprobación del cumplimiento de los recaudos legales que el administrado debe presentar en el ámbito de la justicia. Se afirma . . .

En los sistemas como el nuestro -de jurisdicción revisora- la demanda solo puede promoverse después de haberse formulado ante la Administración el planteo correspondiente, a fin de provocar la decisión previa de la Administración Pública, que constituirá en definitiva la materia prima del juicio contencioso. La cuestión no es menor, pues ello hace a la configuración del acto impugnable, ya . . .

El silencio solo existe si la Administración nada dice, pues lo que la ley persigue es romper la inercia de los entes públicos para que actúen, para que los expedientes no permanezcan dormidos en los escritorios de los funcionarios.

La denegatoria tácita, se afirma, es la que proviene del retardo de la Administración para resolver la petición o el reclamo, pero necesariamente se instituye por el silencio último y exhaustivo del órgano superior, sea el Poder Ejecutivo o las autoridades de los entes autárquicos. (Fiorini, Bartolomé A. “Que es el Contencioso”, pág 231) De allí entonces que la justicia no pueda resolver . . .

Los actores, por intermedio de apoderado, presentan demanda contencioso administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, persiguiendo la aplicación del Decreto Nº603/98, en cuanto establece la liquidación del adicional Fondo Estímulo. Solicitan de ese modo su pago retroactivo, con más intereses, y para el supuesto de rechazarse la pretensión deducen en subsidio . . .

La apoderada y directora responsable de una empresa de seguridad, con patrocinio letrado, inicia acción de amparo en contra de la resolución interna de la jefatura de la policía de la provincia, por la cual se revocó la autorización oportunamente otorgada, en virtud de la Ley Nº3914 que regula el funcionamiento de agencias de investigaciones privadas y serenos particulares. . . .

El actor inicia acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca a fin de que se lo condene a dejar sin efecto la medida emanada de la Dirección de la UPE Centro de Control de Gastos en Personal. Señala que en el mes de marzo del año 1979 ingresó a la Administración Pública Provincial desempañándose como médico cirujano de planta permanente en el Hospital Interzonal . . .

Sobre la medida cautelar solicitada, cabe señalar, tal como se ha establecido en distintos fallos de este Alto Tribunal, que su dictado no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino que sólo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos . . .