Sumarios

Resulta palmaria la contradicción que comete el recurrente de al proponer una demanda invocando las normas de la ley 20.744 y echando mano a un procedimiento laboral regido por la ley 4799 para luego aducir, sin más, que se encontraba vinculado a la demandada mediante una relación de empleo público, pues en tal caso debió invocar las normas del derecho administrativo y recurrir a la vía contencioso . . .

Cabe apuntar, en relación a la naturaleza pública de la relación que vinculara al actor con el Banco demandado, la expresa remisión que efectúa la ley 4313, en cuanto dispone que, para todo aquello que no se encontrare previsto en esa ley, será de aplicación subsidiaria el régimen general de la ley de contrato de trabajo y la convención colectiva de trabajo que rige la actividad bancaria. De . . .

Se ha llegado a decir que en nuestro derecho individual del trabajo uno de los subtipos contractuales particulares o especiales era el del trabajo bancario, como se lo denominaba con precisión en el art. 3 de la ley 12.637, la que creó un sistema que subsistió hasta ser definitivamente eliminado a partir de la sanción de la ley 22.425, que persiguió como uno de sus propósitos racionalizar y . . .

“El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario habilitan la intervención de los jueces”. (fallos Corte: 308:1361)

En el caso, la solución que propongo no puede seguir la línea argumental que plantea el recurrente y que gira en torno al vínculo de dependencia que tenía el Banco de Catamarca con el Estado Provincial, el que hacía nacer en los agentes del mismo la condición de ser empleados públicos- con derecho a la estabilidad absoluta-, más tratándose según afirma, de una entidad autárquica constituida . . .

Descartada la premisa de la que parte el recurrente de calificar la relación como de derecho público y de la pretensión de aplicar principios propios del mismo, vuelvo una vez más sobre la contradicción que he marcado al comienzo de este voto, para señalar lo inaceptable que encuentro accionar en función de un plexo normativo de derecho privado, donde la estabilidad es impropia o relativa, en . . .

La actora deduce acción de amparo en contra de la Municipalidad de Capayán, cuestionando el despido sin causa que se dispuso sin notificación ni sumario administrativo previo en el mes de julio de 2009. Corresponde precisar, antes de entrar al tratamiento de la cuestión de fondo, si esta acción ha sido deducida en tiempo oportuno. Dicha cuestión asume especial significación pues se sabe que . . .

Corresponde precisar, antes de entrar al tratamiento de la cuestión de fondo, si esta acción ha sido deducida en tiempo oportuno. Dicha cuestión asume especial significación, pues se sabe que una acción como la impetrada debe interponerse en un plazo breve de caducidad, por lo que constituyendo éste un presupuesto de admisibilidad de la acción, se justifica su tratamiento prioritario. Consecuentemente . . .

La actora inicia Acción de Amparo por Mora de la Administración en contra del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en referencia a la tramitación del Expediente LA 029760-2009 en el cual solicitó “cargo de excepción” y fue presentado el día 30 de octubre de 2009, sin expedirse dicho Ministerio al respecto manteniendo irresuelto su reclamo. Fundamenta su planteo en que la Administración . . .

El actor inicia acción de amparo en contra de la Provincia de Catamarca, persiguiendo que se declare la caducidad del Expediente Administrativo por el que tramita la solicitud del Sr. Jefe de Policía de su pase a retiro obligatorio y se lo desafecta preventivamente del servicio. Justifica los presupuestos de admisibilidad de la acción intentada y relata los antecedentes fácticos del caso. Argumenta . . .