Sumarios

La CSJN ha expresado que: “...la presunción de validez de los actos de los Poderes Públicos impide disponer por la vía de no innovar, la suspensión de la aplicación de leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas.....si no se justificare la irreparabilidad del daño” (Conf.: CSJN 210:48; 195:383). Siguiendo tal tesitura y analizadas las constancias de autos, corresponde señalar que la justificación, . . .

Comparece la parte demandada, por intermedio de letrado patrocinante, peticionando se declare la caducidad de la instancia en los términos del Art.310 del CPCC, teniendo en consideración el último acto impulsorio útil del proceso. Se corre traslado a la parte actora, que es evacuado solicitando se rechace el planteo de la contraria, con costas. Arguye que el Código Contencioso Administrativo . . .

Contra la sentencia de Cámara, se deduce el presente recurso extraordinario pretendiendo el quejoso la revocación del fallo en el entendimiento de que el mismo es arbitrario, en tanto materializa el vicio de incongruencia al no respetar los agravios que la parte actora formulara contra la sentencia de primera instancia, y que consistieron en el reclamo de la diferencia entre lo que el Banco le pagaba . . .

Así como se dice que la prescripción es defensa que los jueces no pueden tratar de oficio porque lo contrario supondría, de parte de los mismos, suplir hechos que se deberían demostrar, y que la suspensión de aquella solo puede tomarse en cuenta si las partes la alegan, no menos cierto es que estos principios, que se aplican sin cortapisas en el proceso civil, deben ser cuidadosamente aplicados . . .

El segundo agravio de la demandada está referido a la aplicación de oficio que se hace en la sentencia del instituto de la suspensión de la prescripción liberatoria. Aduce el quejoso que el Tribunal no puede analizarla de oficio y que la intimación cursada por el trabajador el día 5/8/2002 no reúne los recaudos necesarios que debe cumplir para producir efecto interruptivo. Sobre el particular, . . .

El juez laboral tiene amplia libertad de apreciación de la prueba, y dentro de ese ámbito se encuentra la facultad de seleccionar y de jerarquizar las fuentes y los medios probatorios. El sistema de la sana critica da libertad al juez para formar libremente su convicción estableciendo los fundamentos de la misma, y esa libertad le permite al magistrado prescindir de aquella prueba que lo obliga . . .

En el caso, la materia traída a conocimiento y decisión de este Máximo Tribunal Provincial, bajo el nomen iuris de acción declarativa de certeza, conforme a los hechos expuestos en la demanda, persigue que se declare la plena vigencia de un Decreto emitido por el Poder Ejecutivo Provincial. La inadmisibilidad formal de la acción instaurada se impone en orden a dos argumentos dirimentes. . . .

Comparece la actora, con patrocinio letrado, interponiendo Acción de Amparo por Mora de la Administración. Invoca el carácter de peticionante en gestión administrativa que tramita por ante la Obra Social de los Empleados Públicos, relativa a la solicitud de reintegro del adicional descontado de sus haberes, conforme actuaciones que adjunta. Relata los antecedentes fácticos de la cuestión y justifica . . .

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la competencia originaria de esta Corte de Justicia se encuentra atribuida por expresas normas constitucionales y legales, siendo, en consecuencia, de interpretación restrictiva y estrictamente revisora del actuar administrativo de los tres Poderes del Estado. En efecto, la Constitución Provincial, en su Art.204 establece: “La Corte de Justicia…, pero . . .

La jurisprudencia, tanto nacional como provincial, tiene dicho que la competencia del fuero contencioso administrativo se define, no por el órgano productor del acto, ni porque intervenga en juicio el Estado, lato sensu, sino por la materia en debate, por su contenido jurídico y por el derecho que se intenta hacer valer, o sea, la subsunción del caso al derecho administrativo (CSJN, Fallos, 324:3863). . . .