Sumarios

La acción de conflicto de poderes ha sido materia de numerosos precedentes de esta Corte de Justicia a través de sus distintas conformaciones, conceptualizando la pretensión prevista en el Art. 204 de la Constitución Provincial de conformidad a las disposiciones contenidas en el Art. 623 bis y siguientes de la Ley Nº 4702, incorporada al CPCC. Según lo ha expresado esta Corte en numerosos . . .

Esta Corte, como lo ha hecho de manera uniforme en materia de conflicto de poderes, interviene ejerciendo una especie de contralor extraordinario y excepcional tendiente, básicamente, a verificar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento seguido para determinados actos por parte del Concejo, verbigracia: si se obtuvo la mayoría necesaria para la decisión, si se respetó la defensa en juicio . . .

La actora, invocando el carácter de Concejal del Concejo Deliberante de San José, Dpto. Santa María de esta Provincia, inicia acción de conflicto de poderes en contra del Concejo Deliberante, con la finalidad de que se convoque a sesión extraordinaria a efectos de que se formalice su reasunción en la banca de Concejal de ese Cuerpo, cargo para el que fue electo, asumiendo el 10/12/07 con mandato . . .

En el presente conflicto de poderes, el accionante, Concejal electo para desempeñar funciones en el periodo 10/12/07 al 10/12/11, mediante las Resoluciones adoptadas por el Cuerpo Deliberativo citado, que obran en autos, fue designado Intendente Interino en razón de la suspensión de la Titular del Departamento Ejecutivo Municipal, para ocupar el cargo hasta la finalización del mandato de la misma, . . .

En la presente acción de amparo por mora de la administración, este Tribunal declara su jurisdicción y competencia para entender en la presente causa. Con fecha 14 de noviembre de 2011, se notifica al Señor Director de Inspección General de Personas Jurídicas, y conforme a lo dispuesto por el Art. 10 de la ley 4795 – modificada por Ley 4850 -se fija el término perentorio de cinco días para . . .

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Es dable consignar que el carácter constitucional de ese deber se asienta en los Arts. 17 y 18 de la ley . . .

La parte actora interpone recurso de casación en contra de la Sentencia definitiva Nº 39 pronunciada por la Cámara de Apelación de Primera Nominación, en lo atinente a la modificación del monto estipulado en concepto de indemnización por daño moral. Solicita se declare su nulidad y se disponga su reenvío para que se dicte un nuevo fallo o en su defecto se case el decisorio y se mantenga el . . .

En el caso, este Tribunal declara su jurisdicción y competencia para entender en la presente causa, se notifica al Señor Director de la Obra Social de los Empleados Públicos y conforme a lo dispuesto por el Art.10 de la Ley Nº4795 -modificada por Ley Nº4850- se fíja el término perentorio de cinco días para que presente las actuaciones administrativas respectivas e informe los antecedentes del . . .

Este Alto Tribunal ha sostenido en varias oportunidades, en consonancia con pacífica y reiterada jurisprudencia y doctrina que, aún mediando ausencia de un acto administrativo expreso, existiendo un acto con virtualidad suficiente como para lesionar, restringir, alterar o amenazar algún derecho del recurrente, la acción de amparo es viable siempre que no exista otro medio judicial más idóneo . . .

Se promueve acción de amparo en contra del Estado Provincial, persiguiendo se deje sin efecto la decisión de la OPAP -Oficina Provincial de Asuntos Previsionales dependiente del Ministerio de Economía-, dado que a partir del mes de Febrero de 2011 se liquidaron sus haberes jubilatorios correspondientes a la asignación complementaria mensual con una sensible disminución -más de un 50% -. En autos, . . .