Sumarios

En los sistemas como el nuestro -de jurisdicción revisora- la demanda solo puede promoverse después de haberse formulado ante la Administración el planteo correspondiente, a fin de provocar la decisión previa de la Administración Pública, que constituirá en definitiva la materia prima del juicio contencioso. La cuestión no es menor, pues ello hace a la configuración del acto impugnable, ya . . .

Los actores, por intermedio de apoderado, presentan demanda contencioso administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, persiguiendo la aplicación del Decreto Nº603/98, en cuanto establece la liquidación del adicional Fondo Estímulo. Solicitan de ese modo su pago retroactivo, con más intereses, y para el supuesto de rechazarse la pretensión deducen en subsidio . . .

La denegatoria tácita, se afirma, es la que proviene del retardo de la Administración para resolver la petición o el reclamo, pero necesariamente se instituye por el silencio último y exhaustivo del órgano superior, sea el Poder Ejecutivo o las autoridades de los entes autárquicos. (Fiorini, Bartolomé A. “Que es el Contencioso”, pág 231) De allí entonces que la justicia no pueda resolver . . .

El silencio solo existe si la Administración nada dice, pues lo que la ley persigue es romper la inercia de los entes públicos para que actúen, para que los expedientes no permanezcan dormidos en los escritorios de los funcionarios.

El actor interpone Acción de Amparo por Mora de la Administración en contra de la Secretaria del Agua y del Ambiente, Subsecretaria del Ambiente de Catamarca, ante la omisión de emitir dictamen sobre las reiteradas peticiones formuladas por su instituyente en la causa “Acta de Infracción Nº 0001-0000290 de fecha 29 de marzo de 2010”. Expresa que en la fecha que se labró el acta de infracción . . .

En primer término, corresponde me expida sobre la procedencia del recurso impetrado, a fin de determinar su admisibilidad, ya que tratándose el presente de un juicio ejecutivo, la resolución dictada en el mismo, en principio, no es susceptible de ser revisada por medio del recurso de casación, por no ser definitiva, toda vez que el recurrente cuenta con la vía ordinaria posterior. Por lo expresado, . . .

En el caso, la demandada CTI NORTE COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A., interpone Recurso de Casación en contra de la Sentencia Interlocutoria, dictada por la Cámara de Apelaciones, mediante la cual se determinó hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación deducido por la actora (debiéndose leer demandada), resolviendo, en consecuencia, revocar la declaración de inconstitucionalidad . . .

Lo planteado en autos es una clara confrontación entre una norma local, como lo es la ordenanza municipal que grava la ocupación o utilización del espacio de dominio público (construcción de una base e instalación de una antena, según lo expresado en la demanda que acompaña al título ejecutivo), frente a la norma nacional-Ley 19.798- que rige las telecomunicaciones, cuyo artículo 39 invoca . . .

La exención establecida en la Ley Nacional de Telecomunicaciones-Nº 19.798- art 39- encuentra sustento normativo en la denominada “cláusula de la prosperidad”, ínsita en el actual artículo 75 inciso 18 de nuestra Constitución Nacional (antes artículo 67), que otorga al Congreso Nacional la atribución de dictar leyes para favorecer y promocionar determinados logros y, para la consecución . . .

Cabe señalar en esta instancia, que el servicio de las telecomunicaciones es federal. De acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las comunicaciones interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional, pues ellas constituyen el ejercicio del comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general . . .